El código penal promulgado en 1931 señalaba que se impondría 6 años de prisión a madre que abortara de forma voluntaria o consienta que alguien lo haga abortar. Si bien desde 1936 la Doctora Ofelia Domínguez propuso el aborto no punible por causas económicas y sociales, fue hasta 1972 en la primer convivencia feminista discutieron la legislación relacionada al tema. Un año después el gobierno hizo un proyecto para una nueva ley en la que se reconocía el aborto como un problema social. En 1974 se agrega a los artículos constitucionales que toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de hijos.

En 1976 el movimiento nacional de mujeres sugirió que la interrupción del aborto fuera libre y gratuita, con voluntad y decisión de la mujer y practicable en todas las instituciones de salud.Posteriormente la secretaria de gobernación a través de CONAPO Consejo Nacional de Población), constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto (GIEA) quienes concluyeron quitar de la legislación mexicana toda acción penal a las mujeres que por cualquier  razón decidieran interrumpir el embarazo, así como a los médicos que lo practicaban.

En 1978 surge el Comité Nacional Provida, enarbolando “la defensa de la vida”. Ante la imposibilidad de dialogo con autoridades gubernamentales, las feministas intensificaron protestas, en 1979 marcharon vestidas de negro por todas las mujeres muertas al practicarse abortos clandestinos. El 10 de Mayo del mismo año se instituyó el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria.

En 1983 el presidente Miguel de la Madrid autorizó a CONAPO promover leyes severas contra los violadores y reformó el artículo 4o. constitucional en el que señala que varón y mujer son iguales ante la ley y que toda persona tiene derecho a decidir de  manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

En 1988 ante la presencia de abortos clandestinos, Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) y la Red Internacional por los Derechos Reproductivos de la Mujeres lanzaron una campaña de denuncia de los altos índices de mortalidad materna.

En 1990 en el estado de Chiapas el gobernador Patrocinio González, promovió reforma al artículo 136 del Código Penal para despenalizar el aborto, pero fue suspendida por presiones de la iglesia, provida y el PAN.

La Coordinadora Feminista del Distrito Federal acordó el 6 de enero de 1991 formar un frente amplio nacional por la maternidad libre y voluntaria, para pugnar la despenalización del aborto. En el 1997 (GIRE) Grupo de Información en Reproducción Elegida, reveló que en 21 de las 32 entidades federativas se había legislado sobre el aborto. Pero no hay homogeneidad en los códigos penales.

En abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF que permiten a las mujeres decidir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo han surgido iniciativas para prohibir la interrupción Legal del embarazo (ILE) y aprobadas en 12 estados del país, bajo el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. La aprobación más reciente de las reformas contra la ILE es la del estado de Guanajuato.

Luís Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirma que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”. Este punto de vista lo reafirma Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

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